Declaración de la Relatora Especial sobre el Derecho Humano al agua potable y al saneamiento, Misión Oficial a Uruguay, 13-17 de febrero de 2012
Montevideo, 17 de febrero de 2012
Del 13 al 17 de febrero he efectuado una misión en Uruguay. El propósito de mi visita fue valorar la forma en que el país implementa sus obligaciones de derechos humanos relativas al agua potable y al saneamiento. Esta es la primera vez que un Relator de Naciones Unidas con el mandato de los derechos al agua y al saneamiento visita Uruguay.
Permítanme iniciar expresando mi gratitud al Gobierno de Uruguay por invitarme al país. La disposición de cooperar con la comunidad internacional, acreditada por la invitación abierta formulada por el Gobierno a los titulares de procedimientos especiales designados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es admirable, y quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer al Gobierno la apertura mostrada antes y durante la misión, incluso el acceso incondicional que me ha brindado a todos los lugares que solicité visitar. También quisiera expresar mi gratitud al Equipo País de Naciones Unidas en Uruguay por el apoyo brindado a la organización de mi visita.
En los cinco días de misión tuve el honor de ser recibida por los ministros de Relaciones Exteriores; Desarrollo Social; Salud Pública; Ordenamiento Territorial, Vivienda y Medio Ambiente; Ganadería, Agricultura y Pesca; y Educación y Cultura; y a su vez me reuní con su personal dirigente y técnico. Además me reuní con representantes del Poder Legislativo, la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (URSEA); las Obras Sanitarias del Estado (OSE); las Intendencias de Montevideo, Maldonado y Canelones; agencias de Naciones Unidas y actores de cooperación internacional. A su vez fue muy enriquecedor el dialogo y apoyo recibido por organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, durante mis cinco días en el país, visité varios barrios de Montevideo como Malvín Norte, Casavalle, Borro y Casabó; además de diversas localidades en el interior del país. Durante la misión también estudié la situación de la realización de los derechos al agua potable y al saneamiento de niños privados de libertad en la Colonia Berro del INAU. Tuve además la oportunidad de visitar una planta potabilizadora de agua y otra de tratamientos residuales de la OSE en Ciudad de la Costa y Maldonado.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las personas con quien tuve la oportunidad de hablar por su tiempo y apertura. Quede fascinada por la espontaneidad con que múltiples uruguayos me abrieron las puertas de sus casas y compartieron conmigo sus problemas e ilusiones.
Acojo con agrado el progreso significativo hecho por el Gobierno de Uruguay al incrementar el acceso al agua potable y al saneamiento. Uruguay, con aproximadamente 98 por ciento, ostenta uno de los índices más altos de población con acceso al agua potable en América Latina y el Caribe. El país también ha hecho avances importantes en el ámbito de saneamiento alcanzando un promedio de 98 por ciento de la población urbana y rural que tiene acceso a una fuente mejorada de saneamiento, del cual 60% están cubiertos por la red de alcantarillado.
Uruguay es el primer país del mundo que reconoció constitucionalmente el agua potable y al saneamiento como derechos humanos fundamentales. Este reconocimiento, que además prioriza el uso de agua para consumo personal, es un punto de partida fundamental para la adopción de políticas públicas y de medidas con miras a conseguir que estos derechos se hagan realidad. Me congratulo de que el reconocimiento de estos derechos a nivel interno impulsó el apoyo incondicional de Uruguay a los mismos en distintos foros del ámbito internacional, tales como las Naciones Unidas o el Fórum Mundial del Agua.
Además del cuadro constitucional ya referido, Uruguay ha desarrollado recientemente un amplio marco de disposiciones jurídicas para la protección y promoción del acceso al agua potable y al saneamiento, como por ejemplo la Ley del 2009 que establece los principios rectores de la política nacional de aguas y la reciente Ley del 2011 de conexión obligatoria a las obras de saneamiento.
No obstante, a pesar de la situación positiva, en términos generales, en cuanto a la provisión de agua y saneamiento en Uruguay, existen aún desafíos por delante. Lo que pude observar en los últimos días es que por detrás de los notables promedios alcanzados, se esconden dramáticas situaciones de personas concretas.
Para conseguir una plena realización de los derechos al agua y al saneamiento, es indispensable una planificación de los sectores que incluya compromisos específicos respaldados por instituciones sólidas, recursos humanos y financieros adecuados. Por lo tanto, en Uruguay es urgente la elaboración y adopción de un plan nacional de recursos hídricos y de un plan nacional de agua potable y saneamiento integral. La elaboración de estos planes debe integrar plenamente principios de derechos humanos y contar con la activa y significativa participación de la sociedad civil, dándole la oportunidad de influenciar en el diseño de estas políticas públicas.
Distintas instituciones, con responsabilidad para monitorear y fiscalizar el cumplimiento del marco normativo sobre agua y saneamiento, incluyendo DINAGUA, DINAMA y URSEA, no tienen recursos humanos y financieros suficientes para llevar a cabo sus mandatos. Esto es particularmente cierto con relación a las actividades destinadas a monitorear la cantidad y calidad del agua superficial y subterránea y el impacto medioambiental sobre las mismas. De hecho, distintos actores con quienes me reuní identificaron las lagunas en monitoreo y fiscalización entre los más grandes desafíos que enfrenta Uruguay en el ámbito de agua potable y saneamiento.
Soy consciente de que los recursos financieros para la realización de los derechos al agua y al saneamiento son limitados – tanto en Uruguay como en cualquier país del mundo. Por eso, es indispensable una buena asignación de los fondos públicos para asegurar la realización progresiva de estos derechos. Fui informada de que en Uruguay, a pesar de que la ley lo estipula, DINAGUA no cobra el canon debido para la perforación de pozos de agua – ni siquiera cuando esos pozos son hechos por empresas privadas que consumen vastas cantidades de agua. Insto al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que considere seriamente realizar ese cobro que le permitirá tener más ingresos necesarios para el monitoreo y fiscalización del sector.
En materia de saneamiento, Uruguay está extendiendo la red de alcantarillado, lo que implica significativas inversiones presupuestarias. El enfoque de las políticas públicas en materia de saneamiento es restrictivo al contemplar el alcantarillado como la solución ideal. Importa subrayar que el derecho humano al saneamiento admite otras soluciones con vista a su realización. Así, recomiendo que el Gobierno promueva un amplio debate nacional sobre el derecho al saneamiento, en el cual sean presentadas, analizadas y discutidas las formas de asegurar su plena realización, teniendo en cuenta experiencias nacionales e internacionales en la materia. Las conclusiones de este debate deben inspirar la planificación nacional en la materia, teniendo en cuenta formas alternativas de saneamiento que son más baratas, sostenibles y adecuadas a las características de zonas con menor densidad poblacional del país. Además, quiero expresar mi preocupación por el hecho de que el tratamiento de aguas servidas del país abarca un valor superior al 60%. Muchas de las restantes aguas servidas - que tienen origen en pozos negros o fosas sépticas utilizadas en el país – no reciben ningún tipo de tratamiento y están, de acuerdo con informaciones que recibí de varios actores, infiltrando el suelo y llegando a algunos acuíferos que ya están contaminados con coliformes.
Como mencioné anteriormente, los logros de Uruguay en términos de garantizar el acceso al agua potable son notables. Sin embargo, es ahora fundamental que el Gobierno no retroceda en los muchos avances conseguidos en el aprovisionamiento de agua de calidad. En este sentido, fueron varias las organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos que compartieron conmigo su preocupación por el impacto de algunos megaproyectos agroindustriales y mineros en la disponibilidad y calidad del agua para las generaciones futuras. Quisiera recordar que el artículo 47 de la Constitución establece la prioridad del uso del agua para el consumo humano, concretándose que deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico. Por lo tanto, recomiendo al Gobierno que asegure la realización previa de estudios de impacto ambiental por entidades no interesadas e independientes de los posibles efectos de este tipo de proyectos sobre la realización del derecho al agua.
A pesar de los importantes avances logrados en los sectores del agua y saneamiento, que benefician a la vasta mayoría de la población uruguaya, existen todavía sectores más vulnerables de la población que están excluidos de estos progresos. Importa por eso ahora priorizar en estas personas que se encuentran, por ejemplo, en situación de pobreza, viviendo en asentamientos irregulares o en situación de calle, para que tengan acceso a estos derechos fundamentales. De hecho, la perspectiva de derechos humanos nos obliga a mirar más allá de los promedios y promover y proteger los derechos de todos. Fue por esta razón que intenté conocer testimonios directos de casos representativos de personas que todavía no disfrutan plenamente de estos derechos.
En algunos de los asentamientos irregulares que visité existe un número significativo de personas para las cuales el acceso físico al agua y su financiación es todavía un problema. Por ejemplo en el barrio Aquiles Lanza en Malvin Norte algunas de las familias con quienes hable solo tienen acceso al agua a través de una canilla que se encuentra en uno de los extremos del barrio. Tampoco tienen baños en sus precarias viviendas y en los meses de invierno solo pueden bañarse después de calentar el agua al fuego. En este contexto, instó al Gobierno de Uruguay a que adopte las medidas necesarias para garantizar el agua a todas las personas en asentamientos irregulares. En otros barrios, como el Borro, conocí a personas que todavía se ven forzadas a hacer sus necesidades en baldes o bolsas de plástico, para después vaciarlos en cunetas o zanjas a cielo abierto o que se ven obligadas a vaciar ellos mismos el contenido de los pozos negros. Recibí emotivos testimonios de varias personas que me relataran estas situaciones. Estas realidades, además de violar el principio de la dignidad de la persona humana, ponen en grave peligro la salud de las personas, en particular de niños que juegan ahí, al estar en contacto con excretas. Insto al Gobierno a que identifique estas situaciones, les ponga fin y promueva soluciones alterativas que respeten el derecho al saneamiento.
En el barrio Casabó conocí una familia con tres niños pequeños. La mujer trabaja en un hospital y el marido tiene trabajo ocasional, lo que hace que sus ingresos sean irregulares e imprevisibles. En breve van a ser conectados a la red de agua y saneamiento. Esta familia teme no poder pagar todos los meses la factura, además de todos los gastos que ya viene pagando, como la comida y la electricidad. A pesar de que el Gobierno tiene una tarifa social para asegurar la asequibilidad de los más pobres, y que el promedio nacional de los gastos de agua y saneamiento ascienden a un 2,5% del ingreso familiar, exhorto al Gobierno a examinar este tipo de situaciones en dónde las familias, para poder pagar la factura de agua y saneamiento, tienen que sacrificar otras necesidades básicas.
En los días que pase en Montevideo pude observar con preocupación la presencia de varias personas sin techo. Me informaron que muchos de ellos tenían acceso a refugios durante la noche. Aun así muchos de ellos, al igual que otras personas, no tienen acceso a baños públicos ni a agua potable durante el día. Las intendencias en donde se verifiquen estas situaciones deben asegurar el acceso al agua y al saneamiento las 24 horas del día en los espacios públicos de las ciudades.
Retomando las recomendaciones de varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, visite la Colonia Berro del INAU donde pude constatar las deplorables condiciones de detención dentro de varios hogares de dicha Colonia. Sea cual sea la situación futura que se defina por las autoridades para esta Colonia, es impostergable que estos niños y adolescentes sean atendidos en un marco de respecto integral de los derechos humanos, y que puedan tener acceso al agua, saneamiento y higiene en condiciones de dignidad – situación que no ocurre ahora.
El Gobierno debe asegurar que la capacidad y función regulatorias de URSEA se ejerzan de manera independiente y que esta vea sus competencias reforzadas, con miras a cubrir, entre otras, la fiscalización de las aguas servidas que no pasan a través de la red de alcantarillado. Además una de las condiciones para garantizar su independencia y capacidad de mejor defensa de los derechos de los usuarios consiste en beneficiarse de independencia presupuestaria y una más fuerte autonomía frente al Gobierno.
Finalmente quisiera subrayar que la plena realización de los derechos humanos depende también de la existencia de mecanismos de quejas efectivos. En el plan internacional, el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un instrumento fundamental que todavía no ha sido ratificado por Uruguay. Tengo conocimiento de que el proceso está avanzando, pero instó al Gobierno a que lo acelere para ser uno de los 10 primeros países que permitan su entrada en vigor.
Voy a dejar Uruguay segura de que existe en el país la voluntad política y la determinación para enfrentar los desafíos que todavía existen, y para asegurar que todos en el país disfruten hoy, y mañana, sus derechos al saneamiento y al agua potable. Estoy, con mi equipo, disponible para apoyar al país en este esfuerzo que requiere colaboración, innovación y apertura a lo que son buenas prácticas en todo el mundo!
En septiembre del presente año presentaré a Naciones Unidas un informe público con recomendaciones más detalladas al Estado de Uruguay.